La restauración monárquica

Hay una razón por la cual, durante la última década -tanto en EEUU como entre nosotros- la derecha conservadora ha decidido monopolizar el nombramiento de los jueces, en particular, de los integrantes de la Corte Suprema. Lo que se vivió durante 2015 en Argentina -cuando se impidió al gobierno de turno la postulación de sus candidatos para las vacantes ya existentes en la Corte- se verificó luego en Washington en el último año del gobierno de Barak Obama. El resultado fue que el presidente Donald Trump logró colocar en la Corte a tres jueces ultra conservadores, y peor aún, muy jóvenes, que ya han comenzado a desfigurar el orden jurídico, en detrimento de los derechos humanos. Y para ello basta como prueba la conculcación del derecho al aborto, que era jurisprudencia firme desde hacía medio siglo.

 

Derechos.

 

Este avance de la derecha, colonizando aún más el aparato judicial, no se reduce a la limitación de los derechos que el pueblo había conseguido a lo largo de años de lucha. Ni tampoco, al adefesio estético de incorporar en cargos tan importantes a gente sin la formación, sin el espíritu científico, y sobre todo, sin la vocación ética y de servicio que presuponen las vigentes constituciones laicas y liberales.

 

Si algo demuestran las audiencias que han venido llevándose a cabo en la Corte estadounidense durante la semana que pasó, es que estos personeros del régimen conservador vienen directamente por la democracia.

 

Para aclarar: el ex presidente -y virtual candidato republicano a las elecciones de noviembre próximo- Donald Trump, le pidió al máximo tribunal nacional que se pronuncie garantizándole a los presidentes la más absoluta impunidad por cualquier acto cometido durante su paso por la Casa Blanca. Y lo hizo, a fin de aplazar -y, de última, obturar- la investigación que se sigue en su contra por el intento de golpe de estado del 6 de enero de 2020, hecho por el cual ya han sido condenadas decenas de participantes en el criminal ataque al Capitolio.

 

Vale decir, hablando mal y pronto, que Trump pretende que el sistema constitucional vigente le garantice, incluso, su derecho a quedar impune contra sus actos subversivos contra ese mismo orden democrático.

 

Espanto.

 

Los diálogos que se escucharon entre algunos de los jueces más conservadores y los abogados de Trump causan escozor, si no directamente espanto.

 

Puestos a especular sobre qué actos estarían cubiertos por esa impunidad, comenzaron a tirar hipótesis. ¿Sería impune un presidente que usara de su poder para generar un golpe de estado y perpetuarse en el poder? ¿Sería impune un presidente que ordenara a sus fuerzas armadas el asesinato de un opositor político? ¿Sería impune un presidente que vendiera los secretos nucleares de EEUU a alguna potencia enemiga como Rusia o China?

 

Poco faltó para que el morbo los llevara a imaginarse a un presidente (y con Trump se puede imaginar cualquier cosa) torturando prisioneros en Guantánamo o en Abu Graib.

 

Curiosamente, algunos de estos jueces deslizaron que sería una buena idea otorgarles algún grado de impunidad a los presidentes para que cuando pierdan una elección se vayan tranquilos a su casa, sin el temor de que sus opositores políticos los persigan legalmente. Después de todo, fueron los estadounidenses los que inventaron (y bautizaron en su lengua) al lawfare.

 

No tan curiosamente, y aún cuando se mostraron algo inquietos de considerar estos supuestos delitos presidenciales, los abogados de Trump respondieron sin dudar que sí, que el presidente debería quedar impune de cualquiera de esas barbaridades.

 

Posteridad.

 

Lo que han señalado los expertos legales, y no sin preocupación, es que al contrario de lo que indican los manuales, esto es, que los jueces están llamados a resolver el caso concreto, y no a legislar para el futuro, en este caso hicieron todo lo contrario. Prestaron casi nula atención al caso concreto que estaban juzgado, y a la conducta de Trump cuando trató de ignorar el resultado electoral que lo eyectó de la presidencia. Y, en un gesto levemente mesiánico, no faltó el comentario de uno de ellos, vanagloriándose de que con este fallo estarían sentando un precedente para toda la posteridad.

 

Como quiera, la verdad es que el sólo hecho de haber tomado este caso -sin esperar a que se realice el juicio y llegue a ellos por la vía normal de las apelaciones- los supremos de Washington se aseguraron de que, aún cuando se apuren en decidir, el debate que debió comenzar en marzo pasado ya no tendrá lugar antes de las elecciones de noviembre. Y si Trump llega a ganar, lo más seguro es que ordene archivar por completo el asunto, o acaso se auto indulte, un gesto que sería propio de su magnanimidad.

 

La verdad es que, en momentos en que la mayoría conservadora de ese tribunal hace gala de su "originalismo" (esto es, la interpretación literal de la constitución histórica) debieran recordar que los "padres fundadores" de esa nación tenían como principal objetivo el de crear una república, y que el presidente, con todas las facultades que se le asignaban, no se pareciera en nada al rey del que acababan de librarse.

 

Lo mismo puede decirse del caso argentino: aún cuando en los primeros años de la independencia, y por razones de conveniencia política, algunos de nuestros próceres especularon con establecer alguna suerte de monarquía, la verdad es que las fuerzas republicanas siempre fueron las predominantes.

 

Extraño milenio el que vivimos, en que asistimos a una concentración de la riqueza como no se veía desde hace siglos, y las elites gobernantes van socavando la democracia hasta llevarnos al pasado autocrático que creíamos sepultado desde fines del siglo XVIII.

 

No hay caso, esta gente no aprende. Están pidiendo a gritos la guillotina.

 

PETRONIO

 

Foto: es.wikipedia.org