La Ley Bases ajusta al pueblo, no a la “casta”

La media sanción en Diputados de la llamada Ley Bases refleja que el ajuste va hacia el pueblo y no a la “casta” como había prometido en campaña Javier Milei. El gran empresariado, de fiesta.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Más reducida que la Ley Ómnibus que fracasara en febrero en la Cámara Baja, pero igualmente impiadosa para los sectores populares, la ley que se aprobó el pasado 30 de abril fue “el presente” que el gobierno de La Libertad Avanza y sus empresarios amigos le entregaron a la clase trabajadora, en la víspera del 1 de Mayo, Día del/la Trabajador/a.

 

Liberal y antipopular como el inconstitucional DNU 70/2023, la ley Bases tuvo media sanción gracias a los votos de la “oposición dialoguista”, integrada por diputados del PRO, radicales y peronistas del bloque de Miguel Angel Pichetto, más los ex Unión por la Patria que responden al gobernador tucumano Jaldo.

 

El gobierno seudo libertario se anotó así su primera victoria parlamentaria parcial luego del cachetazo propinado por la comunidad universitaria que marchó el 23 de abril en defensa de las Universidades y la Educación Pública. Fue una multitudinaria movilización contra la Motosierra que quiere aplicar Milei al presupuesto educativo y que encontró en amplios sectores de la sociedad un freno que le será difícil sortear.

 

Ajuste al Estado.

 

La ley incluye la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Y otorga facultades legislativas al presidente para proceder a la reforma del Estado, copiando a su admirado Carlos Menem, que en sus dos períodos presidenciales procedió al desguace y entrega del patrimonio nacional, provocando centenares de miles de despidos. Para “reducir su dimensionamiento” se permite que el presidente pueda proceder a la reorganización, modificación o transformación de organismos estatales, incluido su disolución total o parcial.

 

Gracias a la resistencia que generó el DNU y la “ley ómnibus”, de esa motosierra se salvarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el Enacom, la Conae y la CNEA, el Incucai, la UIF, el INTA, entre otros organismos que cumplen importantísimas funciones en el Estado, mal que les pese a los dizque libertarios.

 

Se autoriza la privatización de Aerolíneas Argentinas y parte de Ferrocarriles, un golpe para la integración federal de un país extenso como Argentina. La privatización de AySA, que abastece de agua potable al AMBA, también atenta contra la provisión de un servicio esencial que será entregado a manos privadas con propósito de lucro.

 

Todos estos negocios tienen destinatario. La entrega del Correo Argentino está pensada a la medida de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, que quiere quedarse con la logística de esa centenaria empresa, que tiene 1.400 sucursales y unidades postales en todo el país. Los inmuebles de Radio Nacional y la Televisión Pública están en la mira de Eduardo Elsztain, el súperrico amigo de Milei, dueño de la constructora IRSA y del Banco Hipotecario.

 

“Modernización” laboral.

 

Se trata otra vez de imponer la reforma antilaboral, para cercenar las normas protectorias del Derecho del Trabajo, que fueron pensadas para favorecer a la parte más débil de la relación laboral: el/la trabajador/a. Ello atenta contra el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en lugar de generar empleo, como en la década menemista, provocará mayor desempleo y precarización laboral en un país que ya está en recesión.

 

Extiende el período de prueba a 6, 8 y hasta 12 meses, con lo cual las patronales podrán seguir explotando mano de obra barata y sin derechos. Elimina las multas por el empleo no registrado, lo cual no redundará en una mayor registración laboral sino en más informalidad, ya que no habrá sanciones por tener empleados “en negro”. Abre la puerta para sustituir las indemnizaciones por despido, por un fondo de cese laboral, a semejanza de lo que ya tiene la construcción, facilitando los despidos por la sola voluntad del empleador.

 

Jubilados, sin moratoria.

 

En materia previsional, suprime la moratoria que permite jubilarse a trabajadores y trabajadoras que no completan los 30 años de aportes. Esto es un grave perjuicio sobre todo para las mujeres, ya que ahora deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. Es una suma irrisoria, que alcanza en mayo a 152.113,28 pesos, más el bono de 70.000 pesos, que apenas si alcanza a cubrir un tercio de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite de la pobreza. Esta medida afectará a 7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres en condiciones de jubilarse.

 

La casta empresaria sigue de fiesta, tal como les dijo el ministro Luis Caputo a los grandes dueños de la Argentina. Los jubilados y jubiladas, en cambio, fueron los principales perjudicados en estos cinco meses de gobierno de LLA, ya que el superávit del que se jacta Milei se logró con el ajuste en sus haberes.

 

Empresarios felices.

 

A través de un generoso plan de regularización de activos (blanqueo) se permite que quienes fugaron divisas puedan traerlas a tasa cero si blanquean hasta 100.000 dólares. También se permite la multiplicación de blanqueadores de dinero que no es de origen propio, con lo cual ese beneficio puede ser utilizado con testaferros sin costo alguno, aún por encima de aquel monto.

 

Otro motivo de felicidad para la casta empresaria, es el cambio en el régimen del impuesto a los Bienes Personales, con la baja de la alícuota y el aumento de la base imponible, medida que beneficia a las personas más patrimonio.

 

Mientras se beneficia a los más ricos con estas modificaciones tributarias, a los trabajadores se les restituye el impuesto al salario (Ganancias) que en un primer momento alcanzará a 1,2 millón de trabajadores pero que en los próximos meses puede alcanzar a muchos más.

 

Esta ley a la medida de los más ricos y en contra del pueblo trabajador no debería ser aprobada por el Senado, porque significará un grave retroceso en derechos laborales y previsionales de los que gozamos por imperio de la Constitución Nacional.

 

Tal como reza el art. 29 de la Carta Magna, quienes eso permitan, como ya hicieron 146 diputados y diputadas, serán considerados “infames traidores a la patria”.