Una buena noticia: con límites, tenemos un gobierno patrio

Este 25 de mayo, en el Tedéum desde Bariloche -se sigue gambeteando justificadamente al obispo Jorge Bergoglio- la presidenta trazó un balance de los nueve años de gobierno. Contó en la estadística política a la gestión de su marido, que como es notorio, conforma una misma unidad gubernamental con la suya.
Y puesta a hacer balance de esta casi década, Cristina Fernández de Kirchner rescató lo que a su juicio es lo sobresaliente. Tenía unas cuantas para subrayar, pero optó por la que caracterizó como haber recuperado el sentido de Patria, extraviado entre tantos gobiernos dictatoriales y de civiles entreguistas a lo largo de una historia más de bicentenaria.
Tal señalamiento es justo, porque, en efecto, a diferencia de las administraciones de la Generación del ´80 que se acopló como semicolonia al imperio británico, de los golpes de la Década Infame, la Fusiladora y la Revolución (No) Argentina y especialmente la dictadura del terrorismo de Estado, los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo propio han adoptado diferentes políticas que protegen los intereses nacionales y populares.
Se podrán y, más aún, se deberán inventariar también sus límites, desviaciones y componendas con el núcleo del poder, pero aún así el lapso 2003-2012 surge por méritos propios y deméritos ajenos como un gobierno que podría hacer frente a un tribunal de la historia integrado por los patriotas de 1810. Los otros gobiernos, incluyendo los de civiles como Carlos Menem y Fernando de la Rúa, habrían sido bochados y reprobados por unanimidad.
En orden descendente, a juicio de este cronista, lo más destacado ha sido el esfuerzo del gobierno por desarrollar la economía, aún con su lastre monopolista, con el mejoramiento del empleo y la producción nacional. Esto supuso romper con las ataduras a las eternas recetas de ajuste y dependencia impuestas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial ya el Consenso de Washington. A partir de allí se explica la participación del país en el Unasur y la CELAC, la defensa de Malvinas y la recuperación de YPF, etc.
En segundo término, hay que valorar la profundización de la democracia que está en la base de la política de derechos humanos. Ver a unos cuantos genocidas, no tantos como debió ser, con traje a rayas en cárceles comunes y en arresto domiciliario, es un logro no exclusivo de los gobiernos kirchneristas -como alardean varios funcionarios- pero que no se habría producido prescindiendo del aporte político y legal de aquéllos. Haber juzgado a Videla, haber sacado su cuadro del Colegio Militar y tenerlo preso en Campo de Mayo, es una victoria de la democracia y los derechos humanos, pero también de Néstor y Cristina. Nobleza obliga.
Sin agotar la lista, mejoró la situación de los trabajadores y sectores más humildes, con las paritarias, con la recuperación salarial, la AUH, el aumento del presupuesto de Educación, etc.
Como la modestia no suele ser la característica básica de la presidenta y su movimiento político, de ciertos párrafos de su discurso surgiría que estos nueve años fueron lo mejor desde 1810. Varios de los patriotas de Mayo le pedirían que vuelva a estudiar historia argentina.

Uno se divide en dos.
Que aquellos atributos tercermundistas no son un "relato", lo muestran dos actitudes de potencias ajenas y otra de las clases dominantes locales.
El Departamento de Estado acaba de incluir a Argentina en su informe anual de derechos humanos -la potencia viola esos derechos pero se erige en fiscal mundial- y allí pone mala nota. Basado en consideraciones sobre "instituciones débiles" y "justicia ineficaz", más casos reales de policía de "gatillo fácil", el imperio ubica al gobierno nacional entre los del pelotón de promoción o descenso directo mundial. Por lo consignado más arriba, queda claro que quien merece esa ubicación es EE UU, con sus guerras infinitas e injustas, su espionaje, su Pentágono y sus misiles, sus cárceles secretas más Abu Ghraib y Guantánamo.
La otra manifestación de encono provino de la Unión Europea, con una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio por supuestas prácticas comerciales proteccionistas. La jefa de Estado lo refutó en su discurso de Bariloche, ironizando con que hay un "proteccionismo legal" de los países más desarrollados y otro "ilegal, de los gobiernos populistas".
Fronteras adentro se vio la cerril oposición de los sojeros y demás propietarios rurales bonaerenses a pagar una actualización de los impuestos más bien módica en porcentajes y valores absolutos. La denostaron de "exorbitante" y presionaron sobre la Legislatura en La Plata, para evitar que los legisladores pudieran tratar la ley. El argumento de bolsillo es que les resulta caro y la explicación política es que de aceptarlo estarían incursos en el requerimiento de impuestos personales, que recauda AFIP ("la reina Cristina", Buzzi dixit).
El propio gobierno se encarga de ponerle límites a sus aspectos patrióticos y tercermundistas, como cuando la presidenta presume de que Argentina es junto a Canadá el país más libre de regulaciones en su comercio exterior. En la misma línea de pensamiento, la semana antes de viajar a Angola reivindicó el comercio bilateral con EE UU donde hay un déficit anual de 3.450 millones de dólares.
Otras veces son otros funcionarios y dirigentes los que abonan esa tesis de llegar a acuerdos con el imperio, caso de Agustín Rossi -reporteado en Canal 26- opinando que en la renacionalización de YPF no pesó ningún criterio ideológico. Tomado al pie de la letra, tal medida, una de las más auspiciosas de esta década, habría sido fruto exclusivo de los malos números de la gestión Repsol, que por supuesto existieron.

Otro límite.
Esta semana hubo una marcha popular en Chaco, hacia el aeropuerto de Resistencia, protestando contra la Central de Informaciones abierta por el gobernador Capitanich (ex cavallista y ex duhaldista) en acuerdo con el Comando Sur del ejército norteamericano.
Uno se divide en dos. El gobierno tiene su costado patriótico y del otro...

Clarín está nervioso.
En la semana hubo dos noticias muy importantes.
Una provino directamente del gobierno nacional, que anunció el cese de la concesión a TBA de las líneas Mitre y Sarmiento del ferrocarril. Hubo demoras porque esa quita llegó a tres meses de la catástrofe ferroviaria de Once, donde hubo 51 muertos y 700 heridos.
El anuncio fue positivo, pero tiene un límite político evidente: no hay reestatización de esas dos líneas férreas ni en las otras que vienen de tiempos menemistas. La concesión se pasará a una nueva Ugofe donde están los privados Metrovías-Roggio y Ferrovías. En suma, de un privado, los hermanos Cirigliano, a otros privados como Roggio, de triste fama en el Subte y otros servicios como los peajes, Aguas Cordobesas, etcétera.
Con ese pase de manos no se asegura la inversión estatal ni el buen destino de los subsidios; tampoco -y es lo más importante- el buen servicio, la seguridad y la vida de los usuarios.
La otra novedad fue aportada por el portal de noticias del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia dio plazo hasta el 7 de diciembre próximo para la vigencia de la medida cautelar presentada por Clarín en 2009 y que acogió un juez funcional al grupo, Edmundo Carbone.
La pregunta es si ahora el grupo monopolista se deberá desprender de sus licencias audiovisuales en exceso antes de esa fecha fijada por la Corte. Lamentablemente es difícil que así sea. En todo caso a partir tendrá un año para respetar el artículo 161 de la ley de medios de la democracia.
Lamentablemente hay una hipótesis menos optimista: que el mencionado mal juez falle sobre la cuestión de fondo antes del 7 de diciembre. En este caso habría apelaciones y recursos de las dos partes (el Estado y Magnetto y compañía) con lo cual los plazos volverían a estirarse.
Lo bueno de la resolución unánime de la Corte Suprema es que fijó un margen máximo de tres años para esas cautelares, demasiado ancho para el gusto de este cronista. Con eso fue suficiente para poner nervioso a Clarín, como solía torear Kirchner. Lo interesante del fallo fue que reabrió el debate político en el público, sobre medios y monopolios.
Joaquín Morales Solá y Adrián Ventura (columnistas de TN y de "La Nación"), ponen la realidad patas para arriba. Dicen que la ley de la democracia (más la relativa al papel para diarios) es una amenaza a la libertad de expresión. El monopolio es tal amenaza. Y sus partidarios agreden, como al equipo de 678.
Dicen que la demora en aplicar esa ley obedece a los recursos del Estado. El monopolio y sus cautelares ocasionaron la tardanza.
Dicen que con el artículo 161 habrá menos pluralismo. Al revés: con menos monopolio habrá más variedad de voces.
Dicen que Magnetto hizo muchas inversiones y ahora las aprovecharán otros. El monopolio invirtió poco y compró barato lo que otras empresas y medios habían invertido antes. Clarín se subió gratis a los postes de las cooperativas, como en Santa Rosa.
Clarinete dice que con estas medidas se achicará su patrimonio. Ojalá fuera cierto: menos monopolio, más democracia.