Menos que medias verdades y mentiras verdaderas de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su Asamblea semestral en España. Allí renovó sus ataques contra el gobierno argentino, con menos que medias verdades que son mentiras totales.
EMILIO MARÍN
La SIP puede presumir de pocas cosas. Fundada en 1942, va a cumplir setenta años. Pero esa longevidad puede ser una cosa buena o muy negativa, según lo que se haya hecho en siete décadas. Este cronista marca la segunda opción.
También propagandiza que tiene 1.300 medios afiliados, como si eso fuera sinónimo de calidad periodística. ¿Quiénes son esos asociados? The Washington Post. ¿Cuáles más? "La Nación" y Clarín de Buenos Aires, El Miami Herald de La Florida, El Mercurio de Chile, El Comercio de Perú, El Universo de Quito, El Nacional de Caracas, La Prensa de Managua y otros de orientación bien derechista.
En la 67º Asamblea (Lima, octubre de 2011), la entidad ungió como titular a un afroamericano, Milton Coleman, del The Washington Post. Hasta en eso se pareció al imperio que en 2009 puso a Barack Obama como parte del maquillaje igualitario, sin cambios. En la SIP pasó lo mismo. Con Coleman, o con Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre de Guatemala, o con el ex funcionario de la dictadura en Uruguay, Claudio Paolillo, de Búsqueda, etc., la línea editorial se mantuvo en sintonía fina con Washington.
En la lista de autoridades aparece el Nuevo Herald de Miami ¡como representante por Cuba! Y como si ese dislate no fuera suficiente, ponen también a Raúl Rivero, un mercenario anticastrista, como delegado por Cuba, por "CubaPress, Habana".
Hasta en eso la SIP se parece al gobierno norteamericano, que mantiene su bloqueo contra la isla desde 1962 pese a que la realidad haya fulminado mil veces esa política dinosáurica. Obama y sus antecesores no incurrieron en la imbecilidad de meter en la Asamblea General de la ONU, como representantes de Cuba, a los mafiosos cubano-americanos de Florida. Ganas no les faltan, pero no pueden hacerlo; los trogloditas de la SIP sí lo hacen. Desde su sede en Miami, son parte de esa mafia, con códigos de secta.
La entidad no representa a los trabajadores de prensa, sólo a los accionistas de esas sociedades anónimas. La diferencia no es sutil, es brutal. Y se reflejó en el temario y resoluciones de la Asamblea Semestral de Cádiz. Pero antes unas palabritas sobre la elección del lugar, en plena crisis económica de España, con casi 6 millones de desocupados. ¿Por qué habrán optado por reunirse allí? La explicación formal es que se cumplían 200 años de la jura de la Constitución española conocida como "La Pepa", en el sur, mientras el resto del país seguía ocupado por los franceses. Cuando en Lima, el año pasado, resolvieron encontrarse en Cádiz, o los popes empresarios subestimaron la crisis de la península o fue superior su deseo de hacerse un viajecito gratis a un 5 estrellas de lugar histórico europeo. El cronista vuelve a tildar la opción dos.

Tiren contra Cristina.
La SIP no es imparcial en el conflicto entre Clarín-"La Nación", y el gobierno argentino. Tomó una postura opositora desde mucho antes que se sancionara la ley declarando de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios. Sin ir más atrás, se había emblocado con Magnetto-Saguier desde 2009, cuando comenzó el debate por la ley de medios que democratizaba los servicios de comunicación. Marroquín y Coleman bombardearon esa norma aprobada tras un amplio debate con participación de la sociedad, a pesar de que la misma no alcanzaba a los medios gráficos (como bien le refutó, en un reportaje por TN, Claudio Morgado al entonces clarinista Gustavo Sylvestre).
Para las cúpulas sipianas no tiene mayor importancia si esa ley argentina se metía o no con los diarios; era antimonopólica, y era suficiente para que salieran a matarla.
Antes de la Asamblea Anual en Lima vino a Buenos Aires una comisión de primer nivel de la entidad, para recabar informaciones sobre cómo CFK supuestamente violaba la libertad de prensa, perseguía periodistas independientes y confiscaba Papel Prensa.
Los inspectores ya tenían su informe condenatorio antes de bajar en Ezeiza. No les importó que aquí no pudieran denunciar casos de cronistas asesinados como en México u Honduras, ni de cierres de periódicos y despidos masivos de personal, ni de bombas que explotaran en redacciones o sindicatos como en Colombia.
Obedientes al libreto preconcebido en Miami y en reuniones con Magnetto y Saguier (Bartolomé Mitre, de "Gaceta Ganadera", es secretario en la conducción de la SIP), redactaron dos resoluciones contra el gobierno argentino, difundidas en octubre pasado.
Por razones de economía de relato, se comentarán en su versión de Cádiz, seis meses después, pues no cambiaron en nada. En marzo de este año otra delegación de la SIP arribó a Buenos Aires, para juntar más material para llevar a la asamblea española. Y allí hubo tres documentos contra el gobierno de Cristina. ¿En la próxima serán cuatro?
La primera resolución planteó: "sin dudas Venezuela, Ecuador, la Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica". La segunda se quejó que "en los últimos meses se multiplicaron y agravaron las agresiones de altos funcionarios contra periodistas, incluyendo desmesuradas acusaciones como la de desestabilizadores, mafiosos o antisemitas". La tercera exigió el "cumplimiento de los fallos judiciales que prohíben la distribución arbitraria de publicidad oficial, usada como un sistema de premios y castigos".
Los balazos contra la prensa vienen por otro lado y la SIP lo sabe. En 2011 hubo 24 colegas asesinados: México (7), Honduras (5), Brasil (4) y Perú (3). Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana cerraron esa tabla con una muerte cada uno. Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, etc., invictos, fueron buenos lugares donde vivir y trabajar.

Importa la plata.
De la Asamblea semestral concluida esta semana sobresale que su agenda contempló como esencial la cuestión del dinero. Las conferencias giraron en torno a cómo las plataformas digitales bajan las ventas de los medios gráficos. Fue visto como remedio el "kiosco digital" de algunos diarios españoles, que les permiten cobrar por la consulta de sus páginas en la Web.
El consuelo empresario fue la aclaración de especialistas: la declinación de la gráfica recién se concretaría para el 2040 y en Latinoamérica puede producirse aún más tarde.
Las quejas de los propietarios argentinos, siempre gira en torno al dinero, es que la agencia Télam surte gratuitamente a muchísimas publicaciones que formarían parte de la constelación oficialista. Como si eso fuera un delito.
Siempre hablando de plata, los empresarios hicieron hincapié en que el gobierno distribuye la pauta oficial según afinidades políticas. Y en que los grandes diarios afiliados a la SIP reciben una pequeña cantidad, frente a lo receptado por Página/12 y Tiempo Argentino.
Tal asignación de pautas oficiales, en realidad no merece objeciones. Para graficarlo: habría sido ridículo y suicida que el Ejecutivo pusiera más plata de la pauta oficial en la dupla monopólica, durante la pugna por la aprobación o no de la ley de servicios audiovisuales. Por supuesto, se deberán mejorar otros aspectos de esa distribución de los avisos oficiales, porque seguramente habrá otros medios chicos, medianos y grandes del interior del país que merecen recibir más. Los grandes diarios ya tienen bastante con los anuncios de la "pauta privada". ¿Repsol y demás monopolios y bancos publicitan principalmente en Página o 678, o en TN, Clarín, La Nación y Radio 10? Otra vez este cronista se juega por la opción dos.
Las quejas de la SIP y sus socios argentinos se salieron violentamente de carril. Es que en Cádiz aseguraron que "las pautas arbitrarias de publicidad oficial representan una malversación de fondos públicos y abuso de poder político". Esa crítica ya pasa de castaño a oscuro e implica la acusación de la comisión de delitos. Es un material favorable para Mauricio Macri, Elisa Carrió, Ricardo Gil Lavedra, Patricia Bullrich, Francisco de Narváez y otros socios de Magnetto, quienes deberían correr a Tribunales para denunciar a la presidenta.
Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), cargó en Cádiz contra las leyes argentinas por "lesivas" a la libertad de prensa. Una, ya aludida, es la referida al Papel, que prepararía una impiadosa censura estatal. La otra, la ley de medios, que en realidad a 30 meses de aprobada todavía no está completamente en vigencia, por las cautelares de Clarín y jueces amigos como Edmundo Carbone. Tanto tiempo y la ley democrática no puede superar las trabas puestas a los artículos 45 y 161. ¿Eso es autoritarismo del Estado o lobby del monopolio privado? También acá el cronista dice que es lo segundo.