La tragedia de Once y el silencio atronador de la presidenta

Seguramente la presidenta va a hablar del luctuoso suceso ferroviario del miércoles. Se comprende su dificultad porque está de por medio su política concesionaria. Ella debería hablar, porque su silencio es atronador.
EMILIO MARÍN
El choque del tren 3772 del Sarmiento dejó 51 muertos y 700 heridos. Eso de por sí habla de una tragedia de proporciones para el país y las familias afectadas, incluso para naciones vecinas pues también murieron ciudadanos peruanos, bolivianos y paraguayos.
¿Qué podrían haber sido menos si el accidente se producía el martes feriado? Sí, posiblemente, pero esas especulaciones hay que dejarlas para el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, bien definido por la lengua afilada de Hebe Bonafini. Ella le dijo "pelotudo", pero el ex jefe de campaña de Mauricio Macri en 2003 podría ser algo peor, por sus laxos controles a los concesionarios privados.
Además de justicia y compensación para los familiares directos de los muertos del 22F, al país habría que darle la satisfacción de un cambio copernicano en el transporte. Esto, comenzando por el que anda, o debería andar, sobre rieles y siguiendo por los que se mueven por calles, ríos y cielos.
El sistema ferroviario es el eslabón débil de esa cadena. El conjunto de los ramales de cargas y de pasajeros está operado desde los ´90 por los privados. Y no se trata de empresarios nacionales con sentido patriótico ni nada por el estilo. Lo comprueba el siniestrado TBA de los hermanos Cirigliano, capaces de adquirir millones de dólares con la plata de los subsidios estatales y no arreglar ni un par de frenos.
Los operadores de cargas son monopolios: Techint, Loma Negra y Aceitera General Deheza. Los de pasajeros también, como Benito Roggio-Metrovías, Emepa y Ferrovías del grupo Romero, el citado TBA, etc. En algunos servicios se colaron empresarios ligados al poder, como el ex kirchnerista Sergio Taselli, al que luego debieron quitarle la concesión de Trenes Metropolitanos (San Martín, General Roca, etc). El cese fue positivo, lástima que el gobierno entregó de hecho esos ramales nuevamente a los privados agrupados en la UGOFE.
El Estado solamente conserva bajo su bandera tres tristes trenes: el Talgo que va a Mar del Plata, el Flecha en el Chaco y uno entre Lincoln y Realicó. Punto. Es todo su ámbito. El universo restante se rige por las normas impuestas por los concesionarios privados. El Estado es impotente y cómplice. No les obliga a cumplir siquiera con los requisitos mínimos de los pliegos, que ya eran híper permisivos porque fueron redactados por funcionarios y ministros amigos de los empresarios.
Al anterior secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dicen que lo arreglaban con departamentos y aviones. Al subsecretario de transporte ferroviario, Antonio Luna, burócrata de La Fraternidad, seguramente con mucho menos.
Esto es lo que la presidenta debería revisar, con autocrítica, porque entre las pocas promesas de campaña en 2003 su marido dijo que mejorarían los trenes. Y vinieron Taselli y Jaime...El principio de solución es revocar todas las concesiones y recrear Ferrocarriles Argentinos con control de los trabajadores y usuarios, las provincias, el INTI y la UTN. Que la inversión del Estado modernice una empresa de todos y que los pasajeros dejen de ser vacas que van al matadero.

Del amor al odio.

La política argentina es cambiante. Alianzas que parecían sólidas se rompen en pedazos y adversarios enconados de pronto sonríen para la foto.
Eso se vio en estos últimos dos meses, en la relación casi amorosa que tenía el gobierno con Repsol-YPF. Cabe recordar que en las presidenciales de 2007 CFK casi no hizo campaña proselitista en el país. Viajó seguido a Madrid, para reuniones con José Luis Rodríguez Zapatero, el rey Borbón y los directivos de Repsol. Parecían todos de la misma familia.
La buena onda con la petrolera española se profundizó cuando ingresó como socio minoritario el grupo Ezkenazi, vinculado con los Kirchner vía Grupo Petersen y el Banco de Santa Cruz.
Hasta el año pasado prevalecían el afecto y negocios conjuntos, con pocos cortocircuitos cuando los petroleros y dueños de los pozos de gas bajaban su producción buscando mejores precios, y el gobierno se enojaba con ellos.
Hasta 2011 el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, Julio de Vido y el CEO de YPF, Eskenazi, celebraban los supuestos descubrimientos de reservas de petróleo y gas en Vaca Muerta, dentro del área de Loma de la Lata. Era todo para la tribuna, y para que las acciones de la firma remontaran su cotización en las Bolsas de Buenos Aires y Madrid.
Lo cierto es que Repsol-YPF y las demás multinacionales venían bajando su exploración y explotación de petróleo, y otro tanto en el refinamiento de combustibles. En enero pasado la presidenta se cansó y en un discurso le puso números a esas inconductas empresarias: el país había gastado casi 9.300 millones de dólares en importación de combustibles en 2011, un 130 por ciento más que el año anterior.
La empresa dominante del mercado hizo de todo: vendió gasoil a granel a precios superiores a los pactados, encareció el combustible para Aerolíneas, no pagó las multas con que fue castigada y hasta argumentó los límites de la AFIP para la compra de dólares como si fuera la circunstancia que le impedía importar combustible.
El director estatal en YPF, Roberto Baratta, el secretario de Energía, Daniel Cameron y el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, no pudieran ingresar en la última reunión de accionistas de la empresa presidida por el español Antonio Brufau. Esto ilustra el grado de enemistad a que se ha llegado. Hasta los gobernadores miembros de la Organización Federal de Estados productores de Hidrocarburos (Ofephi) han demandado a los españoles que produzcan 15 por ciento más petróleo en estos dos años y amagan que de lo contrario podrían sacarles algunas áreas. Bueno, no todos. Jorge Sapag, más que mandatario neuquino parece un cadete de Brufau, el mandamás de Repsol.
En materia petrolera (y gasífera y energética) está planteado al gobierno el mismo dilema de la tragedia de Once. O maquillaje y lifting de una política fracasada, o creación de una nueva YPF libre de defectos de la anterior.

Relato versus realidad.

El relato del Bicentenario era que Argentina había recuperado la vertical, luego de tantas genuflexiones ante el colonialismo y los imperios. Pero ver a Baratta, Cameron y Kiciloff convocar a una escribana para labrar un acta de que Brufau no los dejó entrar a la reunión en Puerto Madero, da un poco de asquito.
Ese choque entre teorías y realidades se reprodujo en la exposición de Nilda Garré sobre el tristemente célebre "Proyecto X" empleado por la Gendarmería para husmear en las protestas sociales y alimentar causas judiciales.
La ministra debe ser una de las mejores figuras del gabinete (a raíz de las denuncias judiciales que empiezan a limar al vicepresidente Amado Boudou deben ser varios los kirchneristas que se pregunten si aquélla no habría sido una mejor elección para la fórmula de octubre).
La ministra de Seguridad es una persona evidentemente democrática y hacen mal sus críticos en denostarla como si fuera una vulgar represora y exigirle la renuncia. Esas exageraciones son similares a los cánticos de grupos reducidos de militantes opositores que le gritaban "asesina" a la presidenta, en medio de los incidentes de Once.
Aún con estas aclaraciones, hay que decir que Garré defendió lo indefendible, al tratar de desconectar el programa mencionado de la ilegalidad comprobada en sede judicial. Lo suyo fue tan inconsistente como lo del ministro De Vido y el secretario Schiavi explicando mal la tragedia de Once y difiriendo cualquier medida contra los concesionarios para más adelante. Digresión: ¿cuándo los ministros van a aceptar verdaderas conferencias de prensa, con preguntas y repreguntas del periodismo? Hasta ahora son meras exposiciones, blindadas.
Según la ministra de Seguridad, el Programa X es un inocente software o programa informático que nutre a los juzgados de todo el país. Según la explicación, esa herramienta nunca fue empleada por la Gendarmería para espiar a nadie en protestas gremiales o políticas.
En este punto la versión más progresista del kirchnerismo, Garré, se juntó con la más conservadora y propolicíaca, de Aníbal Fernández, responsable de las fuerzas de seguridad hasta mediados de 2010. Ambos juraron sobre la inocencia del Programa y los gendarmes.
El cronista sospecha de ese relato tan primoroso. El prontuario de la Federal en la represión al Indoamericano y el de la Gendarmería, desde Cutral-Co hasta Puerto Príncipe (Haití), dan materia para la sospecha. Por otro lado están procesados 40 delegados de Kraft y militantes gremiales y políticos que les dieron solidaridad en 2009. Finalmente en esas causas judiciales hay videos aportados por Gendarmería, filmados en esas marchas y actos. El propio ex comandante de la fuerza, Héctor Schenone, le confirmó al juez en diciembre pasado que sus efectivos habían colectado esa información.
Si tiene cuatro patas, levanta una para orinar y dice guau, es perro. Que Garré no arruine su reputación tratando de meter el perro a la ciudadanía, luego de haber pasado a retiro a Schenone y 18 jefes más de Gendarmería.