El gobierno espera el 7D

Tras la designación de Martín Sabbatella como nuevo titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el gobierno nacional se prepara para concretar el 7 de diciembre la reasignación de señales que actualmente son operadas por el Grupo Clarín y que exceden los límites previstos por la ley de medios sancionada hace tres años por el Parlamento.
El 7D expira el plazo concedido por la Corte Suprema a la vigencia de la medida cautelar que suspendió la vigencia del artículo 161 de la norma, que estableció un plazo de un año para que las empresas mediáticas se desprendan de las señales que exceden los límites fijado por la ley.
La designación de Sabbatella fue recibida con beneplácito entre quienes reclaman la aplicación plena de una norma capaz de limitar la concentración monopólica y garantizar la pluralidad democrática, pero obviamente levantó críticas entre quienes defienden los intereses económico más concentrados.
Los medios dominantes no tuvieron más remedio que apelar al macartismo para descalificar al líder del partido Nuevo Encuentro y diputado nacional, ya que atravesó dos mandatos al frente del municipio de Morón sin denuncias por corrupción, lo cual le valió en buena medida que su partido siguiera gobernando luego de ser electo diputado nacional en 2009.
El plazo de diez días para que las ONG habilitadas presenten cuestionamientos a la designación realizada por Cristina Fernández, comenzó a correr el jueves pasado. En realidad, los ejecutivos de los sectores concentrados a los cuales perjudica económicamente la ley de medios ordenaron disparos de artillería a sus portavoces, porque saben que se toparán con un funcionario incorruptible, sin amigos en el establishment y con el cual sólo podrán acordar el plan de desinversión en los términos de la ley.
El proyecto de Ley de Medios Audiovisuales fue aprobada en 2009. Saludada interna y externamente como un avance de la democracia, la norma no pudo avanzar en plenitud porque en diciembre de 2009, el juez en lo civil y comercial federal, Eduardo Carbone, impuso una medida cautelar sobre la cláusula antimonopólica contenida en el artículo 161, que impone límites a la cantidad de cables, señales de aire y de radio de una misma empresa. (Télam)