El viejo problema de nunca acabar

Otra vez el pago de las viviendas que construye y adjudica el IPAV aparece en el debate político y otra vez para mostrar que nada se ha avanzado con relación al tema. La morosidad sigue por las nubes y el valor de las cuotas ya es ridículo. Hace muchos años -probablemente una década o quizás más- que se mantiene el mismo monto y los funcionarios de turno tartamudean cuando deben hablar de la cuestión y buscan salir del paso mencionando "intimaciones" que, por lo visto, no dan resultado alguno, o formulando llamamientos voluntaristas a los beneficiarios para que cumplan con sus pagos a fin de "garantizar la continuidad del sistema". Todo parece una puesta en escena. Los sucesivos gobiernos provinciales -éste incluído- vienen manteniendo un nivel de cuota demagógico e irrisorio y las promesas de actualizarlo nunca se concretaron. Tiempo atrás un funcionario habló de llevarlo a quinientos pesos; se trata de valores que están apenas en el orden del 10 por ciento de un alquiler, y a pesar de eso es altísimo el porcentaje de morosos aún frente a los periódicos anuncios de "gestiones de cobro".
Ahora es un legislador justicialista el que aparece con una "novedad": un registro de deudores y un banco de datos; instrumentos que el IPAV seguramente ya posee aunque quizás con otra designación. Pero lo que más preocupa es que el diputado proponga subsanar la ineficiencia de la burocracia estatal a la hora de cobrar las cuotas mediante "convenios con cooperativas y empresas de servicios públicos" para que oficien de "recaudadoras". Es decir, el Estado provincial, cuyos representantes se anotan para la foto del corte de cintas y la entrega de llaves, pretende eludir su responsabilidad a la hora de cobrar a los beneficiarios una mínima parte de la inversión pública que realiza la sociedad y, peor todavía, intenta usar a las cooperativas de gestoras porque, ellas sí, han demostrado siempre un nivel de responsabilidad muy superior a la hora de cobrar por los servicios que prestan. Varias comunas ya han avanzado en esa dirección y en muchas localidades de la provincia les han arrojado a las entidades solidarias la tarea de cobrar por servicios que prestan los municipios y que éstos no quieren, no pueden o no saben cobrar.
Esta iniciativa que aparece ahora es inadmisible y sería deseable que la Legislatura provincial la frene para que no se termine cargando sobre las espaldas de las cooperativas otro peso que no les corresponde llevar.
El gobierno provincial está preocupado, y con razón, por el fuerte recorte en el presupuesto para viviendas que el macrismo aplicó a La Pampa. Una muestra más de cómo procede el gobierno central según el color político y la docilidad de los gobernadores. Pero ante semejante noticia, y más allá de plantear el reclamo político correspondiente, hay mucho por hacer en esta materia dentro de la provincia. Y más todavía cuando desde el Ejecutivo provincial se ha mencionado la posibilidad de construir viviendas con recursos propios. Es un proyecto interesante, sin embargo el altísimo nivel de morosidad que viene tolerando el Estado desde hace tanto tiempo no permite demasiado optimismo.