Deuda, redistribución y reformas de fondo

En la mayoría de los países desarrollados, la diferencia entre una jubilación mínima y la más alta es de dos a tres veces; en la Argentina es de más de siete
NICOLAS LANTOS
En menos de dos semanas, Alberto Fernández logró aprobar un ambicioso paquete legislativo, resistido por sectores de la oposición en ambas cámaras. Anunció subas para las jubilaciones y los salarios más bajos. Dispuso facilidades para las PyMEs que estaban en una situación terminal. Imprimió las primeras siete mil tarjetas del plan contra el hambre: ya hay diez mil niños en la ciudad más pobre del país cuyas familias perciben entre cuatro y seis mil pesos extra por mes para comprar alimentos. Ejecutó un impuestazo redistributivo que toma recursos de los sectores superiores de la pirámide social para volcarlos en la base. Anunció reformas de fondo del Poder Judicial e intervino la AFI mientras se vieron las primeras señales de que se está desarmando la trama que sostiene al lawfare y se prepara una ley para eliminar las jubilaciones de privilegio. Comenzó a renegociar la deuda heredada y logró que la Argentina volviera al mercado de crédito voluntario. A esta altura de 2015, Mauricio Macri ya estaba de vacaciones. Ahora también. Debe ser casualidad.

Pobre comunicación.
Hubo errores no forzados que pusieron en riesgo la aprobación del proyecto y fueron subsanados con modificaciones al texto o el compromiso de futuras normas que subsanen la falta. La comunicación fue pobre y le cedió la iniciativa a una narrativa opositora durante 72 horas clave. El vértigo de los primeros días de la gestión puede hacer que se pasen por alto cosas que de afuera resulta evidentes. Por ejemplo: si se suspende por seis meses la fórmula de movilidad previsional sin explicarle a los jubilados qué va a pasar con ellos, va de suyo que habrá incertidumbre y malestar.
El saldo, en principio, resulta positivo. El 10 de diciembre, Fernández asumió en un país que caminaba por un angosto despeñadero. Para un lado, el riesgo de caer en una hiper; del otro lado, un default. Ninguno de esos peligros está aún conjurado pero en poco tiempo supo poner, al menos, una baranda a cada costado. Hoy, ese riesgo parece bastante más remoto. Al menos así lo evalúan los propios tenedores de bonos argentinos, que subieron alrededor de un veinte por ciento. O quienes compraron Letes por casi 19 mil millones de pesos el viernes, a seis meses y con una tasa más baja que en agosto, cuando al gobierno anterior se le cerró esa canilla. En el equipo del flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, confían sotto voce que las negociaciones con acreedores privados están avanzadas y podrían anunciarse buenas noticias antes de lo que estaba estipulado. Lo mismo sucede con las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional, bien predispuestas a encontrar una manera elegante de safar del entuerto que dejó Christine Lagarde.

Nada nuevo.
A pesar de los lamentos opositores, la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo ha sido prácticamente una constante en la historia argentina. Desde la década del 60 existe jurisprudencia favorable a este tipo de normas. La reaparición de Elisa Carrió, que calificó como una "dictadura" al gobierno de Fernández y amenazó con acudir a la OEA para frenar sus decisiones, habla menos de la naturaleza jurídica de la norma aprobada que de la decisión de un sector de la oposición en la Argentina de ubicarse más allá de las reglas de juego de la democracia.
Ese es uno de los motivos por los que en el Frente de Todos están evaluando avanzar con un proyecto que congele por 180 días los salarios de funcionarios jerárquicos y legisladores. La respuesta al reclamo que enarbolan opositores tan disímiles como Nicolás del Caño y Waldo Wolff apunta a dar un gesto simbólico, porque en términos monetarios el ahorro es anecdótico. No se puede decir lo mismo de la exención que gozan los judiciales del pago del impuesto a las ganancias, que no solo constituye un privilegio indebido sino que incurre en un dolo significativo para las finanzas del Estado. Sería deseable que la Corte Suprema de Justicia esté a la altura de las circunstancias del país y actúe en consecuencia. Caso contrario, la impaciencia de la sociedad podría golpear también sus puertas.

Desigualdad jubilatoria.
La eliminación de las jubilaciones de privilegio corre en el mismo sentido. Fue un error del Gobierno no haber sido claro en sus planes al respecto porque dio una señal equívoca respecto a dónde recae el mayor esfuerzo para superar la crisis. Pero también porque es necesario recaudar en esas cajas si se quiere ir hacia un sistema más justo. En la mayoría de los países desarrollados, la diferencia entre una jubilación mínima y la más alta es de dos a tres veces; en la Argentina es de más de siete. De cada cinco pesos que gasta el Estado para pagar jubilaciones, uno se dedica a haberes que superan los ciento ochenta mil pesos. Achatar la pirámide previsional no es un efecto no deseado de un plan para el sector pasivo, sino que debe ser su objetivo principal. Así lo fue durante los doce años de kirchnerismo y es la única manera de tener seguridad social pública, sustentable y suficiente para todos. Las alternativas son la privatización, la quiebra, o condenar a más de cinco millones de jubilados a la mera subsistencia.

Incógnitas.
Quedan varias incógnitas que deberán responderse en el futuro cercano. Desde el gobierno aseguran que los aumentos jubilatorios para marzo y junio, que se decidirán por decreto, estarán por encima de lo que establecía la fórmula anterior para las jubilaciones más bajas. Habrá quienes tengan sus justas razones para desconfiar: demasiados gobiernos resultaron infieles a sus promesas como para poder reprocharle nada a los escépticos. Resta por verse qué sucederá con los jubilados que están lo suficientemente encima de la mínima como para no verse beneficiados por los aumentos, pero todavía muy lejos de un ingreso que permita ahuyentar la pobreza. Es de esperar que también reciban algún tipo de alivio. En los próximos meses sabremos también cuál fue el saldo fiscal del paquete de medidas. Será difícil sostener que hubo un ajuste, como dice la oposición, si el resultado es una expansión del gasto público apuntada a reforzar los ingresos de los sectores más postergados, como asegura el oficialismo. (Extractado de El Destape).