Cecilia Pando fue recibida por Lorenzetti, titular de la Corte

Este 7 de agosto fue un día contradictorio. Por un lado las Abuelas de Plaza de Mayo presentaban al nieto número 106. Y por el otro la apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, fue recibida por la Corte Suprema.
EMILIO MARIN
Las Abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos de Derechos Humanos, con su búsqueda incansable de los bebés robados por la dictadura, lograron restituir la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda. Es el nieto recuperado número 106. Ese delito aberrante fue comprobado durante el juicio por el "plan sistemático", concluido en la primera semana de julio con penas de hasta cincuenta años de cárcel para el ex dictador Jorge R. Videla y condenas a ocho represores más.
Por eso causó estupor la actitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y de la vicepresidenta de ese tribunal, Elena Highton, quienes ese mismo día abrieron sus despachos a la apologista de la dictadura, Cecilia Pando.
En el Centro de Información Judicial, Agencia de Noticias del Poder Judicial, hasta ayer no había información oficial de la reunión. Hay que remitirse a la gacetilla difundida por Pando, firmada como presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (Afyappa).
Allí se puntualiza que concurrieron, además de la citada, "Inés Martínez Segón, vicepresidente de la Asociación y Marcela Cabanillas, esposa de un preso político". El marido de la primera está condenado por la masacre de presos políticos en Margarita Belén (Chaco). La segunda está casada con el general Cabanillas, condenado a perpetua por los crímenes de "Automotores Orletti".

Defensora.
La presidenta de Afyappa es una férrea defensora de la dictadura y las tres Fuerzas Armadas, incluso de uno de los delitos que no protegían las "leyes del perdón": el robo de bebés. En un reportaje que le hizo otro admirador del Proceso, Chiche Gelblung, éste la presentó como defensora de los militares acusados incluso de la supresión de identidad de los nacidos en cautiverio. Y la entrevistada asintió.
La activista castrense aprovechó la entrevista con la Corte Suprema para defender a los "presos políticos" (léase genocidas), presentados como que fueron objeto de una "revancha" de los "terroristas de los ´70 hoy en el gobierno". Como Videla, entiende que los tribunales que los vienen juzgando serían "inconstitucionales", ya que deberían haber entendido los tribunales militares. Es una coincidencia total con los generales Videla y Luciano B. Menéndez, quien ya acumula seis perpetuas emitidas por tribunales "ilegales". Pando se copia de sus amigos en que la ley penal se ha aplicado en forma retroactiva, como si no se tratara de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.

Visión genocida.
El comunicado de Afyappa explicó que la reunión fue para "denunciar el trato inhumano que reciben en las cárceles los detenidos por presuntos delitos de lesa humanidad". Subrayó que "se dieron a conocer los 165 muertos en cautiverio por abandono de persona y falta de atención médica en los penales. Se habló de los traslados a otros establecimientos sin autorización de los jueces, las torturas psicológicas a las que son sometidos en algunos penales". Estas afirmaciones son de una falsedad flagrante.
En primer lugar, porque los represores hicieron desaparecer a 30.000 personas y robaron centenares de bebés nacidos en los centros clandestinos de exterminio, y han tenido décadas de impunidad. Ese lapso duró los siete años de dictadura y varios más en democracia, en particular entre 1986-1987 y agosto de 2003 cuando fueron anulados el "Punto Final" y la "Obediencia Debida". Ni son "presos políticos" y no fueron castigados en su momento.
En segundo término, cuando -luego de tantas idas y venidas- la justicia instruyó las causas y las elevó a juicio, esos represores demoraron muchos años más. Lo hicieron con apelaciones, recursos y muchos amigos en la Justicia, que facilitaron esas maniobras, como Alfredo Bisordi, titular de Casación Penal que cajoneó años la causa ESMA, devenido luego en defensor del torturador Luis A. Patti. Otro, el fiscal de Casación Juan M. Romero Victorica, que ayudó al apropiador de Victoria Montenegro.

Todas las garantías.
En tercera instancia, los represores tuvieron todas las garantías de la defensa en juicio que negaron a sus víctimas. Estas fueron torturadas y asesinadas, arrojados vivos al mar desde aviones, fusiladas con pantomimas de "enfrentamientos armados", sus cadáveres desaparecidos, etc.
En cuarto lugar, la mayoría de los represores estuvo en arresto domiciliario o en unidades castrenses mientras esperaban el juicio. Las debilidades de la justicia explican que Videla fuera trasladado hace poco a una cárcel común. Antes estuvo en su piso de Avenida Libertador y luego en la guarnición de Campo de Mayo, con cómodas condiciones de detención como se aprecia en el libro "Disposición Final" de Ceferino Reato.
La apologista de Videla trastoca la historia. No es que "165 militares murieron en cautiverio por abandono de persona". La mayor parte falleció en su casa y otra en cómodas prisiones, sin ser alcanzados por condenas por el enorme retraso. Si los militares no hubieran promovido en 1987 el levantamiento "carapintada" para lograr una "solución política" (léase impunidad), esos 165 procesados habrían tenido juicio hace 25 años. Habrían vivido para recibir una digna condena; con la demora autoprovocada, murieron "inocentes", igual que Augusto Pinochet.

A degüello.
La defensora de Videla salió feliz de la reunión. "Tanto el Presidente de la Corte como su Vicepresidente se mostraron sorprendidos con nuestro relato que fue acompañado con fotos sobre las aberraciones y verdaderos tormentos que sufrieron algunos de los enfermos que murieron en cautiverio", reseñó.
Si esas denuncias tuvieran 1 por ciento de veracidad, deberían sentar a Argentina en el banquillo de la Corte Penal Internacional en La Haya. Como son falsas, el país seguirá gozando de reconocimiento por su política de derechos humanos.
Al conocerse de la reunión en la Corte Suprema se disparó una polémica en las redes sociales. Los que defienden la razonabilidad de la entrevista opinaron que es obligación de la CSJN de "recibir a todos", como si la democracia no tuviera que poner ciertos límites a los enemigos de ésta. Este cronista cree que fue un error de Lorenzetti el conceder tal reunión.
Como quedó dicho, Pando es una apologista de la dictadura, la peor de toda la historia argentina; ha defendido sus peores delitos como el robo de bebés. No se trata de cualquier derecha: esta se ubica por fuera del espectro democrático. Mauricio Macri, por ejemplo, es un político de derecha, pero por ahora no saca los pies del plato de la democracia. Entonces es lógico que la justicia electoral le reconozca personería al PRO y la gente pueda votarlo como jefe de gobierno.
En cambio Alejandro Biondini, neonazi confeso, vio negada la personería electoral para el Partido Nuevo Triunfo. Y la Corte Suprema convalidó esa negativa con un fallo propio en marzo de 2009.

Límites políticos y éticos.
Salvando las distancias, esos ejemplos muestran que la democracia tiene que marcar ciertos límites políticos, legales y éticos. En consecuencia, no debió el alto tribunal "legalizar" a la banda de la defensora del genocidio, que por ese mismo postulado ya había tenido problemas legales.
Pando apoyó en 2005 al obispo castrense Antonio Baseotto, quien había amenazado al ministro de Salud, Ginés González García, con arrojarlo al mar atado a una piedra. En enero de 2007 la mujer pidió "que todos los terroristas que están en el gobierno tengan su condena", refiriéndose a Kunkel, Taiana, Obeid, etc. En julio de ese año fue a apoyar al cura genocida Christian von Wernich, en el juicio de La Plata, y declaró que "todo esto es un circo romano armado por el Gobierno". En mayo de 2008 concurrió a Córdoba a dar aliento a Menéndez, que recibiría su primera perpetua en la causa "Brandalisis". En agosto de ese año insultó a los camaristas que habían condenado a cuatro represores en Corrientes por los crímenes en el Regimiento IX. Y allí mismo amenazó de muerte, "a degüello" al secretario de DDHH, Eduardo L. Duhalde. Organismos de derechos humanos de Córdoba le promovieron una denuncia "por los delitos de amenazas, intimidación pública e incitación a la violencia".
En marzo de 2010 la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal revocó el sobreseimiento de la defensora de la dictadura en una causa donde había sido denunciada por "apología del delito" por Carlos Pisoni, Director de DDHH de la Legislatura porteña. Un año más tarde esa misma Sala confirmó su fallo, adverso a Pando (Centro de Información Judicial, CIJ, 16 de marzo de 2011).
Se trata de enemigos de la democracia, que no se han cansado de ofender a Madres y Abuelas, y a las 30.000 víctimas. Han descalificado al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero también y muy especialmente a la Justicia. Créase o no, fueron recibidos y "legalizados" por la Corte Suprema, la misma que -según registros del CIJ- aún no recibió a los familiares de Mariano Ferreyra.