Testa: "El poder político encubrió a los responsables"

(General Pico) - Patricia Testa, ex concejala por el Frepam en General Pico, explicó que la investigación en torno al funcionamiento de los Mini Hogares es de vieja data. Desde 2010 que en su rol de legisladora había realizado un registro exhaustivo, y el pertinente reclamo ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y el propio gobierno pampeano, para que las irregularidades existentes en los hogares -que albergan a los menores de edad y están bajo tutela del Estado- no continuaran sin solución.
Los problemas existentes en el hogar, que administra la delegación zona norte del Ministerio de Bienestar Social, se manifestaban en las condiciones sanitarias en que vivían niños y niñas y en las repetidas situaciones de violencia que se daban en el interior. Incluso Testa dio a conocer que algunos operadores habían sido despedidos ante la sospecha de "posibles abusos" que no tuvieron ningún tipo de denuncia ante la Justicia.
Para la ex edila y actual presidenta de la UCR piquense, en ese momento, en el que no recibieron ningún tipo de respuesta contundente ante las intervenciones realizadas, el "poder político encubrió a los responsables", a las personas que tenían que ocuparse de controlar lo que ocurría en el interior de los Mini Hogares.
En 2010 ese cargo era cubierto por Graciela Brunengo, quien ahora es la presidenta el Concejo Deliberante de la ciudad. Además, se conoce que la delegación norte de Bienestar Social es un bastión del vernismo, que controla los nombramientos en esa área.

¿Quién controla?
El comienzo de los cuestionamientos realizados por Testa se originó cuando desde su bloque se inició un registro de los fondos que recibían cuatro ONG vinculadas a la contención de jóvenes en situación marginal. Así fue analizando el ingreso del dinero oficial que se destinaba a la Fundación Guadalupe, la Asociación Civil Manasés, el Centro Naim y la Asociación Civil Rumen.
Esta última institución tenía un depósito bastante superior al resto de las organizaciones y por ese motivo la ex concejala comenzó a indagar sobre el uso de esos fondos. Allí se dio a conocer que Rumen, a través de un convenio, liquidaba los sueldos de los operadores terapéuticos de los Mini Hogares.
Cuando el escrutinio se concretó con una visita hasta las instalaciones donde están alojados los menores bajo tutela estatal, según Testa, el lugar estaba apestado de cucarachas, los menores dormían sin sábanas en sus camas, el tanque de agua estaba sin tapa y por lo tanto la higiene era cuestionable. Frente a esa primera intervención, hubo una rápida reacción para cubrir esas necesidades desde el gobierno.
Sin embargo, frente a esas y otras irregularidades, los cuestionamientos fueron aumentando. ¿Por qué el Estado no controlaba de forma directa los Mini Hogares?, ¿Qué tipo de capacitación tenían los operadores?, ¿Quién garantizaba que los niños y niños vivieran en buenas condiciones? Estas, fueron algunas de las preguntas que nunca tuvieron una contestación oficial que brindara transparencia a las inquietudes de la edila.

No hay denuncia.
El juez Luis García, a cargo del Juzgado del Menor y la Familia con sede en General Pico, señaló que en este momento "no hay denuncias en torno a los Mini Hogares".
También afirmó que los menores que permanecen allí, hasta los 18 años, llegan porque no hay una familia que los contenga. Son niños y adolescentes en situación de abandono. Y el seguimiento de los casos sólo es específico para algunos de los menores que están con una causa judicial, pero el informe periódico de la evolución de cada chico pasa por la delegación del Ministerio de Bienestar Social.
El juez indicó que el lugar está en buenas condiciones de habitabilidad, pero a veces surgen problemas en la convivencia. Además, hay derivaciones que llegan desde Santa Rosa, como el traslado de la niña de 11 años que con la que comenzó la polémica pública porque tenía un DIU colocado.
Un trascendido indicó, confirmando lo dicho por el juez, que varios de los menores que están en los Mini Hogares proceden de Santa Rosa o de otras localidades. Pero no se pudieron encontrar justificaciones para estas decisiones de traslados.