ONGs piden a Coirco que frene PDV

Organizaciones no gubernamentales de las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén y Buenos Aires, junto con autoridades políticas de esas jurisdicciones, reclamaron al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) que no avance con el proyecto Portezuelo del Viento hasta lograr el consenso de todos los actores de la cuenca. No solo expresaron su preocupación por las consecuencias negativas que tendrá la obra, sino que señalaron el antecedente del Atuel como un claro ejemplo de cómo se maneja la provincia de Mendoza con los recursos hídricos compartidos.

Luego de exponer los fundamentos de su presentación, los firmantes reclamaron al comité de cuenca que “hasta no llegar a un consenso pleno entre las condóminas del río Colorado, se suspenda el proceso licitatorio, o cualquier otra acción, que no cuente con el aval de todos sus componentes jurisdiccionales” y solicitaron ser convocados “con absoluta urgencia” a una audiencia ampliatoria.

Recordaron a los integrantes del Coirco que ellos representan a sus provincias y por ende deben dar cuenta de las decisiones que toman y de las consecuencias de esas decisiones.

Atuel.
El corte del escurrimiento del río Atuel en nuestra provincia fue uno de los argumentos más fuertes que las ONGs plantearon para fundamentar la preocupación que les causa la construcción de la represa Portezuelo del Viento y el hecho de Mendoza sea quien la vaya a manejar, prácticamente a su antojo. Además, Mendoza pretenderá en algún momento “el trasvase de su cupo (del río Grande) al río Atuel”, como ya lo ha comunicado en diversas ocasiones y por diferentes vías, un circunstancia que afectará ambientalmente “la cantidad y calidad de las aguas de este último (el río Atuel), sin que se hubiera mencionado, o logrado, aceptación alguna de su condómino (La Pampa)”.

Los usos actuales del río Colorado “están muy afectados por la actual crisis hídrica” y se desconoce que el comité de cuenca “haya tenido intervención alguna, o haya modelado, las distribuciones de caudales en las etapas de llenado del embalse” que tendrá Portezuelo del Viento. “Es altamente probable que esas circunstancias provoquen desastres económicos a los actuales beneficiarios de la cuenca”, advirtieron las organizaciones.

“Se desconoce que ese Comité de cuenca haya tomado en consideración esa posibilidad, ni que haya establecido planes de mitigación de la misma o seguros ambientales al efecto. O haya establecido, tanto el origen de los fondos necesarios, como de la responsabilidad de quiénes deben afrontarlos, y mecanismos de resolución acreditados y verificables, no como un catálogo de buenas intenciones sin rigor científico ni garantías financieras, lo cual lo haría incumplible pese a lo escrito”.

Prepotente.
Para las entidades firmantes, “estamos frente a un armado circunstancial, prepotente y muy difícil de legitimar frente gobiernos y ciudadanos de la cuenca interprovincial”, y serán el Coirco y sus integrantes los responsables “de los daños ambientales y sociales irreversibles que sucedan en tanto tienen un aviso previo y oportuno”

“La completa falta de disponibilidad y flexibilidad de Mendoza para discutir el uso de sus recursos compartidos se refleja en que pesar de la existencia de dos sentencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (referidas al conflicto de esa provincia con La Pampa para el uso de las aguas del río Atuel) y que, transcurridos 32 años de la primera y 2 años de la segunda, en las que se reconocen indubitablemente la interprovincialidad del río, aún no han ameritado que Mendoza se avenga a compartir
caudal alguno, para los usos humanos o ambientales, de lo que fue un humedal natural habitado en la subcuenca pampeana del Atuel, hoy convertida en un desierto implacable”, afirmaron.

La provincia de Mendoza ha recibido “grandes cifras monetarias del patrimonio nacional de los argentinos, para construir obras hidroeléctricas para su beneficio”, pero en vez de destinarlas a “la eficiencia del uso compartido de los recursos”, ha producido “una profunda desertización a toda la cuenca hidrográfica del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado”.

Citando antecedentes públicos y conocidos, las ONGs hicieron notar que “Mendoza sigue manejando sus recursos propios y compartidos con absoluto desprecio por el ambiente atento la desertización provocada”, tanto en su propia provincia como en las colindantes, y que estas acciones, concretadas con la complacencia de Nación y el desconocimiento de las jurisdicciones condóminas del recurso, “hacen improcedente y colocan bajo una severa sospecha, a cualquier aceptación de los representantes de las
respectivas jurisdicciones de Coirco, para que se siga avanzando en la ejecución del Proyecto Portezuelo del Viento”.

Destrucción.
A manera de corolario, las organizaciones y autoridades firmantes advirtieron que “se ha iniciado un camino de destrucción de un río, producto de la insaciable voracidad y apoderamiento de Mendoza por el agua, ya demostrada en los usos de sus restantes ríos compartidos”, mientras que resulta difícil de imaginar que “esto se pudiera estar haciendo con recursos presupuestarios asignados por el Gobierno Nacional, pero lo
cierto es que está pronto a suceder”.