Autopista a Anguil: empresa puntana hizo la mejor oferta

La Unión Transitoria de Empresas conformada por las constructoras Rovella Carranza SA, Mota-Engil Latin America BV (Portugal) y JCR SA fue la que ofreció el precio más bajo en la apertura de sobres de la licitación de las obras que el gobierno nacional realizará en la Ruta Nacional 5 (Corredor B), que incluyen la autopista Santa Rosa-Anguil.
El consorcio ofertó 827 millones de dólares (valor actual) y 153 millones a percibir anualmente por diez años. Le siguieron CCA Civil Panamá SA (EE.UU.) - Green SA, con 1.175 millones y 212,9 millones, respectivamente; Techint Compañía Técnica Internacional SACI - Acciona Concesiones S.L. (España), 1.373 y 258,5 millones; Helport SA - Panedile SAICFeI - SA Obras y Servicios Copasa (España) - Eleprint, 1.603 y 296,2 millones; MSU Infraestructura SA - UCSA SA - Inversiones PPP SAI, 1.648 y 305 millones; y Benito Roggio e Hijos SA - José Chediack SAICA, con una oferta de 1.739 y 323,6 millones de dólares, respectivamente.

Combinación.
Desde el Ministerio de Transporte de la Nación destacaron que se recibieron ofertas que estuvieron un 33% por debajo de los precios proyectados. De la licitación también formó parte del Ministerio de Finanzas, dado el carácter especial que presenta el programa de Participación Público Privada, para la construcción de una red de autopistas y rutas seguras que abarcará seis corredores, de los cuales el "B", corresponde a la Ruta Nacional 5, desde Luján hasta Santa Rosa.
Ayer, en la sede de Vialidad Nacional, en Capital Federal, se realizó la apertura de las 32 ofertas económicas que realizaron los diez consorcios que se presentaron compuestos por 19 empresas nacionales y siete internacionales. "Para determinar los ganadores de la licitación, se analizará la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representen un menor costo para el Estado. Cada oferente podrá ganar hasta dos corredores", explicaron desde Transporte.
"Las PPP demostraron ser una herramienta sólida para que podamos hacer las obras que el país necesita para seguir generando en empleo, para crecer, para desarrollarse y, fundamentalmente, para mejorar la seguridad vial y terminar con las rutas de la muerte", dijo el ministro Guillermo Dietrich.

Adjudicación.
Alrededor de 200 personas estuvieron presentes en la apertura, entre ellos representantes de las empresas que participaron de la licitación. Además de Dietrich estuvieron el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el subsecretario de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas, José Luis Morea, entre otros. A través de un parte de prensa oficial se informó que la adjudicación de los corredores se realizará en junio y se estima que en julio las empresas tomarán posesión de los corredores para comenzar con las primeras obras en octubre de este año.
"Estos proyectos de PPP nos permiten empezar a saldar la deuda de infraestructura que tenemos los argentinos al mismo tiempo que seguimos cumpliendo con las metas de reducción del déficit fiscal. Es la forma más conveniente, segura, eficaz y transparente de desarrollar este plan de infraestructura que es el más ambicioso de nuestra historia", dijo Caputo.
La Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los 12.500 millones de dólares para los primeros cinco años y superior a los 4.200 millones de dólares durante los siguientes diez. A lo largo de tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.

Los otros corredores
Por el corredor vial A (rutas 3 y 226), la oferta más baja la presentó el Grupo Cartellone: 994 millones de dólares. Ese consorcio presentó como el monto anual por el pago de inversión 184,8 millones de dólares por año, cifra que debe multiplicarse por diez. La segunda oferta más baja fue la del consorcio de Paolini, Vial Agro e INC: 1.002 millones de dólares al valor actual y 186,3 millones a percibir anualmente. Luego, le siguen el consorcio de Helport y Panedile (1.100 millones y 203,8 respectivamente; CCA Panamá y Green (1.451 y 263 millones); Grodco, CRZ y Alberdi (1.474 y 258,8); Techint (1.576 y 295,8); Roggio y Chediak (1.740 y 325,6); y MSU (1.799 y 334,5).
Por el corredor C (rutas 7 y 33), el precio más bajo lo presentó el consorcio de Rovella Carranza, Mota Engil y JCR (701 y 127,3); Helport y Panedile (799 y 144,5); Cartellone (801 y 145,5); CCA (886 y 160,4); Techint (1.292 y 238,4); Roggio (1.641 y 293,5); y MSU (2.141 y 388,9). Corredor E (ruta 9): Helport y Panedile (1.010 y 189,2) y Sacde -ex Iecsa- (1.573 y 303,4).
En cuanto al corredor F (rutas 9 y 33): Helport y Panedile (722 y 133,9); CCA (1.509 y 273,5); Sacde (1.623 y 306,4); Cartellone (1.684 y 312,7); y Roggio (2.624 y 485). Corredor Sur (rutas 3 y 205): Rovella (699 y 128,8), Helport y Panedile (807 y 166,5), Roggio (1.652 y 299) y MSU (1.946 y 358,9).

"Ninguno se retiró"
"Pese a las corridas bancarias, ninguno de los oferentes se retiró de la licitación del miércoles", afirmó el diputado Maximiliano Aliaga (PRO), al fundamentar el rechazo al proyecto del PJ contra la implementación del sistema "Participación Público Privado" para obras impulsadas por el gobierno nacional en La Pampa y el país.
Aliaga explicó que "me preocuparía si no se cumpliera con lo prometido" y que "el modelo es similar al que se usa en La Pampa con los créditos del Ministerio de Desarrollo Territorial", sobre los que en la última semana planteó dudas por su impacto.
El proyecto de Espartaco Marín (PJ) para manifestar "preocupación" sobre las PPP, cuestionadas por un Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, finalmente fue aprobado por mayoría.
Por otro lado, la Legislatura aprobó también el Convenio de Implementación de Ayuda Económica a Empresas Productivas Críticas, suscripto entre la Nación y la Provincia para establecer ayuda económica a las empresas calificadas como críticas.
"Es un convenio que no refleja la realidad sino que se trata de un expediente del 17 de noviembre de 2017 y muchas de las empresas que integraron aquel listado hoy tienen el cartel de 'se alquila'", dijo la diputada Patricia Testa (Frepam), que cuestionó al subsecretario de Industria, Silvano Tonelotto, por la rendición de los fondos.
A partir de las críticas de la legisladora piquense, la macrista Josefina Díaz propuso que la iniciativa regrese a comisión, pero ello fue rechazado por el PJ y el acuerdo fue avalado por la mayoría oficialista finalmente.
También se avaló la realización de una encuesta provincial para conocer la realidad de los jóvenes pampeanos.