Un juez quiere saber si el cianuro llegó a La Pampa

La justicia pidió ampliar los análisis ambientales para saber si el cianuro que se derramó en una mina de San Juan, afectó a La Pampa y otras provincias a través del río Colorado. Se cree que la contaminación fue mayor a lo previsto inicialmente.
El juez federal Sebastián Casanello solicitó la ampliación de los análisis ambientales que había ordenado sobre el río Jáchal hacia "la cuenca fluvial denominada sistema del Desaguadero y/o la cuenca del Río Colorado" para saber si el agua fue afectada por la filtración de cianuro en una mina de Barrick Gold en San Juan.
Al considerar antecedentes internacionales, el magistrado tiene sospechas que la contaminación fue mayor de lo previsto inicialmente y pretende verificar si el derrame de un millón de litros de solución de cianuro traspasó los límites sanjuaninos y afectó a otras provincias.
La cuenca hídrica sobre la que Casanello pidió hacer los análisis interviene en las provincias de La Pampa, Río Negro, y desemboca en el Mar Argentino, en Buenos Aires. La posible contaminación de las aguas debido al derrame de cianuro en la mina de Veladero puso en alerta a San Juan a mediados de septiembre.
La justicia sanjuanina también desarrolla su propia investigación, dentro de la cual ya fueron llamados a declarar responsables de la canadiense Barrick, la mayor productora de oro del mundo, que es resistida por algunas organizaciones sociales.
Según la instrucción, los expertos ambientales tendrán que analizar ahora si existen otros tipo de componentes químicos tóxicos, como la "presencia de metales pesados" u "otros contaminantes" generados por la filtración del domingo 13 de septiembre. Casanello encargó al Instituto Nacional del Agua hacer el relevamiento "con suma urgencia".

Conflictos.
Curiosamente, por otro lado, la cuestión también llevó a un conflicto judicial: es que la causa federal transcurre en paralelo con otra que impulsa la justicia sanjuanina, donde el juez de Jáchal, Pablo Oritja, le pidió el viernes a Casanello y al juez Marcelo Martínez di Giorgi que se declaren incompetentes y frenen las investigaciones.
En sus exhortos, Oritja entiende que es el "juez natural" para tramitar el caso Barrick, ya que el derrame se produjo en la jurisdicción de los departamentos sanjuaninos de Jáchal e Iglesia. Con este argumento, planteó la necesidad de unificar la causa en un solo expediente.
Ahora, Casanello y Martínez Di Giorgi podrán acatar el pedido Oritja o bien rechazarlo, a la espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina qué juzgado es el que debe investigar.
En el expediente de Casanello, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, Ramiro González denunció a los ejecutivos de la multinacional canadiense y a varios funcionarios nacionales: entre ellos, los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; el secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Tello.
La línea de investigación plantea una presunta falta de controles por parte del Poder Ejecutivo. Por ahora, el juez Oritja no evalúa las responsabilidades políticas del derrame e imputó por delitos ambientales a autoridades y empleados de la empresa Barrick Gold.