Di Nápoli dice que el STJ puede disponer el pago de Ganancias

El diputado Luciano Di Nápoli (PJ-La Cámpora) aclaró ayer que el Superior Tribunal de Justicia tiene independencia económica y funcional, y puede determinar hoy que los jueces pampeanos paguen el Impuesto a las Ganancias, sin esperar una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como advirtió el ministro Tomás Mustapich.
El legislador kirchnerista aseguró que los sectores del Poder Judicial que se resisten a avanzar en el pago del mencionado impuesto lo hacen por una cuestión de "defensa corporativa", ya que el presupuesto, el funcionamiento y los sueldos del STJ tampoco dependen del máximo tribunal del país. "No se puede privilegiar a un grupo de personas por sobre el resto", agregó.
Junto a Miguel Tanos, Di Nápoli presentó durante la última semana un proyecto de resolución solicitándole al máximo tribunal de la provincia que disponga la tributación y el cobro del Impuesto a las Ganancias de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de La Pampa, en el marco del proceso de reforma y democratización judicial que impulsa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La cuestión vigente surgió en 1996 cuando ante la modificación de la Ley de Impuestos a las Ganancias que eliminó la exención que regía para los salarios de los magistrados nacionales, la Corte dictó la Acordada 20/96, declarando inaplicable el artículo 1º de la ley 24613 que derogaba los privilegio para los jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Di Nápoli afirmó que eso va por fuera de un caso judicial concreto sometido a su fallo, y que eso hace que el STJ no dependa de la resolución del tribunal. "La acordado ni siquiera se aplica a defensores ni fiscales, porqué va a afectar a un poder provincial autónomo".

Cruces.
Ante el proyecto que impulsa el kirchnerismo, la respuesta del STJ no se hizo esperar. El ministro Mustapich aseguró que "pagará lo que tenga que pagar" aunque advirtió que esperarán la decisión de la Corte Suprema. "Tenemos que esperar lo que disponga la Corte por lo que entiendo que, a nivel local, no podemos hacer nada", indicó.
En diálogo con LA ARENA, Di Nápoli desmintió la postura del funcionario judicial. Aseguró, precisamente, que la decisión de la Corte no afecta al tribunal pampeano, porque "la Constitución provincial es clara y además de hacer referencia al respeto de la intangibilidad de los sueldos de los jueces, dice que deberán pagar impuestos y contribuciones".
"El Superior Tribunal -continuó el diputado- es el que liquida los sueldos en la provincia, y no depende funcionalmente de la Corte. Es como el Poder Ejecutivo o el Legislativo que tienen su presupuesto y son los que terminan pagando".
En los fundamentos de su proyecto, Di Nápoli hace referencia al artículo 93 de la Constitución Provincial que indica sobre las cuestiones tributarias que la remuneración de los magistrados y representantes del Ministerio Público "no podrá ser disminuida mientras duren en sus funciones, pero estará sujeta a los impuestos y contribuciones generales".

Todos iguales.
El legislador kirchnerista comentó que utilizando como argumentos la independencia judicial y la intangibilidad de los sueldos, "muchos magistrados rechazan en forma arbitraria pagar el impuesto. Otra cosa sería que se cree un nuevo impuesto específico para jueces, pero se trata de una legislación general vigente y deben pagar porque todos somos iguales ante la ley".
Los diputados camporistas, además, indicaron en los argumentos de su iniciativa que los funcionarios judiciales constituyen la burocracia mejor remunerada del Estado, y que es "inconcebible" que bajo estas condiciones no tributen ganancias, bajo la excusa de que el cobro del impuesto afectaría su independencia. "La independencia de la Justicia no supone otorgar un privilegio a los magistrados, lo que generaría una división entre ciudadanos de primera y segunda clase", agregaron.
Por último, Di Nápoli recordó que la iniciativa cuenta con el apoyo público del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. La misma postura tomaron la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez y la procuradora Alejandra Gils Carbó.