Macri no muestra los libros del Correo

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, viene sosteniendo una acusación contra el holding presidencial por el supuesto vaciamientos de las cuentas de Correo Argentino hacia otras empresas de los Macri, como Socma Americana y Sideco. Esta semana, volvió a trabarse la posibilidad de realizar una pericia contable sobre los libros de estas compañías para avanzar en la investigación.

Correo Argentino,
La empresa Correo era de Franco Macri hasta su estatización en 2003 y está en concurso de acreedores desde hace años. El Estado le reclama miles de millones por cánones adeudados. Para investigar ese supuesto vaciamiento, Boquin solicitó en abril de 2017 acceder a los libros contables de dichas compañías, pero la medida desató una pelea legal con los apoderados de Correo.
La Cámara Comercial falló en diciembre último a favor de Boquín. La jueza del caso, Marta Cirulli, debía entonces disponer las medidas solicitadas por la fiscal. Boquín pidió que un perito contable sorteado de oficio por el juzgado del caso realice el análisis de los libros. Hasta el momento, la fiscal detectó pagos de Correo a Sideco Americana por $ 2.121.850 y otros a Socma Americana por $ 2,7 millones. Pero el análisis de los libros podría ampliar su teoría. Sin embargo, la jueza opinó diferente.

Cuestionamientos.
Boquín cuestionó esta semana el fallo de la jueza. Dijo a la Cámara Comercial que la decisión de la magistrada "no garantiza la imparcialidad y la búsqueda de la verdad", sostuvo. Para la fiscal, la jueza "neutraliza la investigación", "obstruye" su trabajo y "no dispone la medida según lo requerido". Además, advirtió a la Cámara que la magistrada no exigió los libros contables de Socma Americana y Sideco sino que el informe de los síndicos quedaría a merced de los movimientos financieros aportados por Correo.
Los abogados de la empresa esta semana dieron el primer paso para que el caso llegue a la Corte Suprema: presentaron un recurso extraordinario para intentar que el máximo tribunal decida -de considerarse necesario- si la fiscal de Cámara tiene "legitimidad" para investigar. Ya habían presentado la misma queja ante la Cámara Comercial, que falló a favor de la fiscal en diciembre.

Antecedentes.
Boquín busca conocer los movimientos contables de las principales empresas del holding, estrechamente ligadas a Correo en el manejo de fondos: la fiscal cuestiona, por ejemplo, que la ya quebrada Correo haya invertido US$ 2.100.000 en acciones de una empresa del grupo Macri, la sociedad uruguaya Neficor SA; o que la compañía que debe millones al Estado pague alquileres de US$ 18.000 mensuales a las empresas de los Macri por varias oficinas cuando Correo sólo tiene tres empleados. Para la fiscal, esos pagos o transferencias podrían implicar un vaciamiento de las cuentas de Correo, cuyos fondos la Justicia debe vigilar para que la compañía pague sus deudas con el Estado.

Libros contables.
La primera pelea por los libros contables de Socma Americana y Sideco duró ocho meses. El problema parecía zanjado en diciembre, cuando la Cámara Comercial falló a favor de la fiscal y reconoció su "legitimidad" para acceder y analizar los libros.
Los asientos contables podrían abrir nuevas puertas en la investigación y permitir detectar otros movimientos sospechosos desde las cuentas de Correo hacia el Grupo Macri. Los pagos del holding ya dieron muestras de presuntas irregularidades en su contabilidad. Entre diciembre de 2005 y al menos enero de 2009, la compañía Sideco Americana realizó pagos a la consultora de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Para la Justicia esa empresa consultora era una pantalla y fue utilizada para canalizar sobornos dirigidos al ex funcionario kirchnerista.

Condonación.
La empresa residual de Correo está en concurso de acreedores. Desde 2005, protagoniza una disputa legal con el Estado, al que le debe miles de millones de pesos y al que le reclama otros tantos. En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia llegaron a un acuerdo.
Cuando la negociación llegó a la fiscal de la Cámara Comercial para ser homologado, Boquin objetó el pacto, sosteniendo que implicaba "una condonación de la deuda" de la empresa de la familia presidencial al Estado por más de $ 4.277 millones. Tras el escándalo, el Presidente ordenó que la negociación vuelva a foja cero. (Perfil.com)