Detectan irregularidades en Oficina Anticorrupción

La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que la actuación de la Oficina Anticorrupción (OA) durante el macrismo estuvo repleta de irregularidades y fue ineficiente. La AGN señaló que la entidad que comandó Laura Alonso facilitó el conflicto de intereses de quienes integraban el gobierno de Mauricio Macri y no controló como debía las declaraciones juradas (DDJJ) que presentaron los funcionarios por lo que también hizo la vista gorda para evitar la detección de enriquecimientos ilícitos.

 

Muchos de los beneficiados con el desdén de ese organismo hoy están otra vez en la gestión pública. Volvieron en el actual gobierno de Javier Milei, entre ellos se destacan: el ministro de Economía Luis Caputo; el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Alberto Pazo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por citar solo algunos ejemplos de quienes debieron ser señalados –antes y ahora- por la OA.

 

Arbitrariedad.

 

La AGN también cuestionó la arbitrariedad con que la OA macrista se presentó como querellante en la Justicia. La prueba es contudente: solo lo hizo en causas contra dirigentes kirchneristas.

 

Un síntoma de lo que está sucediendo hoy lo sintetiza el reciente nombramiento de Ana Carina Larocca como Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA.

 

Larocca era la encargada de detectar los conflictos de intereses durante el macrismo en la entidad anticorrupción y fue desplazada del organismo durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien el informe de la AGN confirma que el área que estuvo bajo la órbita de Larocca no fue para nada eficiente –al menos para lo que tenía que hacer-, fue repuesta en la OA por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona en un cargo más alto que el que tuvo con Macri tal como se desprende del decreto 259/2024 publicado el pasado 15 de marzo en el Boletín Oficial. El mensaje pareciera ser el de la garantía de impunidad para quienes regresaron a la función pública.

 

Informe.

 

De acuerdo al informe, la AGN se topó con los siguientes hallazgos. En materia de Declaraciones Juradas, en la OA macrista “no se concretaron las reformas necesarias para mejorar la calidad de la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial Integral, situación que dificulta la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito afectando la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.

 

La OA de Laura Alonso “no logró el fortalecimiento en la interrelación con las áreas de Recursos Humanos de los organismos donde se desempeñan los funcionarios obligados según lo previsto en el Plan de Acción, detectándose que en el 47% de los sujetos incumplidores no se cursó la correspondiente comunicación mientras que el 53% se realizó extemporáneamente”.

 

“La OA no lleva un registro de las intimaciones cursadas verificándose un bajo nivel de denuncia a los funcionarios incumplidores (3,84%) para el periodo auditado, lo que dificulta la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito y debilita la rendición de cuentas de los funcionarios ante la sociedad”.

 

La OA macrista “no diseñó para los casos en que le sea requerido un procedimiento de análisis de conflicto de intereses en el proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía, ni un protocolo con estándares de conducta y normas post empleo”. Esto permitió la puerta giratoria en el gobierno macrista, que estuvo repleto de ejecutivos que se volcaron a la función pública. (El Destape)